La multitudinaria marcha convocada por Plataforma Animalista el pasado 2 de octubre buscaba poner nuevamente en agenda la situación del bienestar animal en Uruguay. Entre sus principales reclamos estaban el fortalecimiento del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), una mayor presencia estatal en todo el país y avances legislativos para que los casos graves de crueldad, abandono y muerte de animales tengan consecuencias penales.

Un día después de la movilización llegó una respuesta significativa desde el propio organismo. El presidente del INBA, Esteban Vieta, respaldó públicamente el planteo de fondo y fue contundente al decir que "el INBA tiene que cambiar”. Según explicó, varios de los reclamos expresados durante la marcha coinciden con cambios que la actual dirección viene planteando, entre ellos mayores recursos, más capacidad de respuesta y presencia efectiva en todo el territorio nacional.

Entre 400 y 550 denuncias por mes

Las cifras divulgadas por Vieta ayudan a comprender uno de los principales problemas. Actualmente, Montevideo y Canelones cuentan con cinco personas para atender las situaciones que llegan al instituto, mientras que solamente tres funcionarios deben cubrir los otros 17 departamentos del país. Al mismo tiempo, el INBA recibe entre 400 y 550 denuncias mensuales. Para su presidente, con esa estructura resulta prácticamente imposible atender adecuadamente el volumen de denuncias y la dimensión real de los problemas de bienestar animal en Uruguay.

El organismo tampoco interviene únicamente en situaciones relacionadas con perros, gatos o caballos. Según Vieta, debe responder también ante casos vinculados con fauna silvestre, tráfico y venta ilegal de animales y diferentes especies que requieren intervenciones especializadas.

Convertir el maltrato animal en delito

Uno de los puntos centrales de la movilización fue la necesidad de fortalecer la legislación. Plataforma Animalista reclama que el Parlamento avance en una normativa que permita que situaciones graves de crueldad, negligencia, abandono y muerte de animales puedan recibir sanciones penales. También plantea un INBA con mayores recursos, presencia nacional y mayor autonomía institucional. Vieta coincidió en la necesidad de avanzar en la tipificación del maltrato animal y afirmó que el propio instituto ya ha planteado ante el Parlamento cambios normativos y nuevas herramientas para responder a estos casos.